Medidas del gobierno para paliar la crisis.

El viernes se aprobó en Consejo de Ministros el último plan elaborado por el Gobierno para minimizar los efectos negativos de la actual crisis económica, el objetivo de este post es valorar la bondad de las diferentes medidas adoptadas a la luz de la teoría económica.

Para situarnos en el origen de la crisis hay que remontarse al verano de 2007, pocos economistas auguraron el cambio de ciclo, y la complicada situación a la que se veía abocada la economía mundial, como excepciones debemos destacar a Lawrence Summers (al final del artículo os dejo un link muy ilustrativo de lo acertado de su pensamiento de hace más de un año), asesor económico en el nuevo gabinete del presidente electo Barak Obama y el profesor y asesor financiero Nouriel Roubini.

La génesis de la crisis debemos situarla en EEUU, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el colapso de los mercados financieros motivados por las hipotecas subprime, para una explicación sobre la génesis de la crisis financiera leer el post explicación de la crisis en clave de humor.

Los instrumentos de política económica de los que disponen los gobiernos para hacer frente a las oscilaciones de la producción efectiva respecto de la producción potencial (como es el caso actual en Europa en general y en España en particular, para la cual se estima una tasa de crecimiento potencial del 3% situándose la tasa de crecimiento del PIB del tercer trimestre en tan sólo el 0,9%) , son las políticas monetarias y fiscales (políticas de “gestión” de la demanda agregada) y las políticas de oferta o reformas estructurales.

Las políticas de gestión de la demanda agregada están indicadas cuando el origen de la crisis económica se encuentra en una disminución de la demanda agregada, de forma que el estimulo de las autoridades por medio de la reducción de los impuestos, el aumento del gasto público, o la disminución de los tipos de interés compensa la reducción de la misma.



Como podemos ver en el gráfico 1, la caída de la DA ha hecho que la economía pase del punto A al punto B, con una reducción del nivel general de precios y del PIB, el estado compensaría la reducción de la DA, mediante un incremento del gasto público o una reducción de los tipos de interés, que a su vez estimularían el consumo y la inversión, retornando de nuevo al punto A desde el punto B.

En caso de que la crisis tenga como causa una reducción de la oferta agregada, situación representada en el gráfico 2, las políticas contracíclicas de demanda agregada no son instrumentos adecuados, al presentar la economía una situación de estanflación, caracterizada por un incremento de los precios de P1 a P2 y una reducción en la producción de PIB1 a PIB2, como consecuencia de una contracción de la oferta agregada desde OA2 A OA1 por lo que una política fiscal o monetaria expansiva, que desplazaría la DA desde DA1 A DA2, solucionaría el problema de la caída en la producción y aumento del paro, pero empeoraría la inflación, la cual se incrementaría hasta P3. Si optamos por políticas restrictivas, la DA pasaría de DA1 a DA3, solventando el problema de los precios, pero empeorando la crisis económica al reducirse el PIB de PIB2 A PIB3. Esta situación aconteció en la c,risis del petróleo de 1973 y 1979, y supuso una merma en el predicamento de las tesis keynesianas y un reforzamiento de las visiones monetaristas y liberales de no intervención.

Lo primero que debemos hacer para valorar las medidas adoptadas es diagnosticar si la situación de crisis es ocasionada por una caída de la demanda agregada o por el contrario lo es por una reducción de la oferta agregada. La repuesta a esta pregunta depende del período temporal al que nos estemos refiriendo, hasta julio de este año la economía fue impactada por un shock de oferta, llegando el barril de crudo a cotizar a 147 dólares, subiendo desde los 80 dólares de principios de año. En ese momento coexistían significativas tasas de inflación con caídas en la producción agregada, por lo que el escenario que dibujaban los economistas era de estanflación.
En la actualidad con un precio del crudo ligeramente por encima de los 50 dólares, el shock de oferta se ha “retirado”, recrudeciéndose a su vez la caída de la demanda agregada, con lo que las tasas de inflación se han reducido de forma significativa, por lo que el escenario que se perfila en el horizonte en opinión de algunos es de deflación con recesión. Según el diagnóstico elaborado la situación de la economía actual quedaría dibujada por el gráfico 1, siendo preceptiva la aplicación de políticas monetarias y fiscales expansivas.

Las alternativas de que dispone el gobierno en política fiscal para actuar de forma contracíclica en la situación actual de crisis económica son o bien disminuir los impuestos o bien aumentar el gasto público o un mix de las dos anteriores. Como en la mayor parte de los casos en las ciencias sociales, cuando se disponen de varias alternativas ninguna de ellas domina claramente a la otra, depende de los supuestos de partida asumidos y de la metodología empleada para estimar los efectos de cada una de ellas, a continuación explicitamos las consecuencias diferenciales de optar por las dos alternativas mentadas:

Aumento del gasto público:

-El multiplicador del gasto público es superior al de los impuestos, ya que al ser un componente directo de la demanda agregada, cada euro gastado incrementa la demanda en esa cuantía. Por lo que el impacto total es mayor.

-El gasto público debe financiarse apelando al endeudamiento (las otras alternativas son aumentar los impuestos, lo que contrarrestaría el efecto deseado del aumento del gasto público o bien financiarlo mediante la impresión de dinero, alternativa no disponible en la actualidad), lo que a su vez tiene las siguientes implicaciones:

a)El endeudamiento puede significar un aumento de los impuestos en el futuro (siempre que en la fase expansiva siguiente no se genere un superavit, que se destine al pago de la deuda generada en la fase de contracción), lo que partiendo de la hipótesis de consumidores racionales, generadores de funciones de consumo en dependientes de la renta permanente o del ciclo vital, supondrá una reducción del consumo en respuesta a la reducción en la renta permanente esperada (equivalencia ricardiana parcial)

b)Se producirá un efecto expulsión de la inversión privada, ya que el estado competirá por el ahorro disponible, lo que incrementará los tipos de interés, adicionalmente, el efecto expulsión se producirá también en el caso de que los precios aumenten, al afectar a la riqueza real y a la competitividad.

Reducción de los impuestos:

-El multiplicador de los impuestos es menor que el del gasto público por lo que, ceteris paribus (manteniendo todo lo demás constante), el efecto de estimulo es asimismo más reducido.

-En la situación actual de incertidumbre, los agentes económicos están aumentando el ahorro por motivo precaución (parte del cual es posible que sea debido a la equivalencia ricardiana), lo que significa que una parte significativa del incremento de la renta disponible generada por la disminución de los impuestos se destine a ahorro y no a consumo, no generándose el efecto de estímulo deseado.

A los motivos anteriores hay que sumar uno de corte más ideológico, y que tiene que ver con el tamaño del estado adecuado, por una parte estarían los liberales y monetaristas, hundiendo sus raíces en Adam Smith, Jean-Baptiste Say…, y teniendo como claros defensores actuales a Arthur Betz Laffer, Robert Lucas…, los cuales abogan por el buen funcionamiento de los mercados, defendiendo la preponderancia de los mismos y un papel reducido del estado en la economía. Por el contrario los neokeynesianos (Mankiw, Romer…) defienden que el mercado funciona con claras deficiencias especialmente en lo referente a las oscilaciones cíclicas (también en referencia a la eficiencia, equidad y crecimiento), siendo preceptiva la intervención del estado para minorarlas. Los primeros se inclinan por una reducción de los impuestos, mientras que los segundos priman el aumento del gasto público.

En este artículo nos vamos a centrar en la última medida articulada por el gobierno, consistente en la implementación de una política fiscal expansiva, consistente en el incremento del gasto público en 11.000 millones de euros, el desglose de las partidas más importantes quedaría de la siguiente manera, 8.000 millones destinados a fomentar la inversión en las corporaciones locales, con lo que se pretenden crear 200.000 empleos. 800 millones para sostener al sector del automóvil, actuaciones medioambientales 600 millones, inversión en I+D+i, 500 millones, así hasta llegar a los 3000 millones, con un impacto adicional sobre el empleo de 100.000 ocupados adicionales.

La cuantía del incremento en el gasto público supone un 1% del PIB, cantidad inferior en términos relativos a la empleada por la mayoría de los países. Respecto a su impacto en el empleo el objetivo de crear 300.000 puestos de trabajo es insuficiente en relación al aumento de los parados y la tasa de destrucción de empleo (con 900.000 parados más en el último año y casi 700.000 empleos destruidos). No obstante si se consiguen generar los 200.000 empleos estimados en la construcción con cerca de 500.000 empleos destruidos, el impacto en este sector económico sería ciertamente relevante.