miércoles, 21 de enero de 2009

¿Deberían subir los impuestos sobre el tabaco y la gasolina?


El economista nos informaba el martes 13 de enero, sobre una medida que esta barajando el gobierno para compensar la significativa merma en los ingresos ocasionada por la crisis económica, consistente en un incremento en los impuestos especiales, que son aquellos que gravan principalmente las labores del tabaco, el alcohol y los hidrocarburos.

Se entiende que el gobierno este buscando alternativas para incrementar los ingresos impositivos, ante el descalabre de las primordiales fuentes de ingresos, una caída del Impuesto de Sociedades en 2008 del 36%, del IRPF del 2% y del IVA del 14%. Lo que ha supuesto que tenga que revisar su plan de estabilidad y crecimiento, situando el déficit del 2008 en el 3,4% frente al 1,5 anterior.

También podemos observar como la caída en la recaudación de estos impuestos es la que menos se ha visto afectada por la crisis, con una reducción media de sólo el 0,6 en 2008. Los impuestos más importantes con diferencia son los que gravan los hidrocarburos con 9.700 millones de euros y las labores del tabaco con 6.200 millones.

La reducción de los ingresos de los hidrocarburos ha sido del 4,6%, pese al espectacular crecimiento del precio del petróleo hasta julio, donde alcanzó los 147 dólares por barril. La reducida elasticidad a corto plazo se debe a la consideración por muchos como un bien de primera necesidad, y a no contemplar el transporte público como un buen sustituto.
La recaudación por las labores del tabaco ha aumentado un 4,4%, reflejando una reducida elasticidad, tanto a la renta como al precio, motivada por su componente adictivo, de hecho los estudios realizados por Bruselas, establecen que un aumento en el precio del 18%, reduciría el consumo en un 8%. Por lo que la elasticidad sería de 0.44, es decir, inelástica.

Desde mi punto de vista la subida de los impuestos que gravan actividades generadoras de externalidades (como es el caso de los considerados), es una decisión adecuada, este tipo de impuestos son conocidos por los economistas como impuestos pigouvianos, en honor al economista inglés Arhtur Pigou, por ser el primero en desarrollar el concepto de externalidad, y proponer los impuestos como medios para internalizarlas, de forma que se alcanzara una asignación de los recursos eficiente.
Uno de los más fervientes defensores de los impuestos pigouvianos es Gregory Mankiw, creando en 2006 el Club Pigou, al que pertenecen renombrados economistas, habiendo recibido asimismo el apoyo del semanario The Economist.

No obstante dado el elevado déficit previsto para este y los sucesivos años, el incremento en los impuestos especiales, dado su reducido porcentaje en la recaudación total, enjugaría el déficit en una pequeña cuantía, a no ser que estemos pensando en crasos incrementos, que no parecen muy probables. En concreto los impuestos especiales contabilizan unos 20.000 millones de euros (la recaudación por IVA casi la triplica, llegando a los 70.000 millones), lo que supone el 10% del presupuesto total.

Con un déficit estimado para este año del 5’8% del PIB para este año (y que probablemente sea mayor), es decir, de unos 60.000 millones, si suponemos que la elasticidad de los hidrocarburos es similar a la del tabaco, que se ha estimado en un 0,5, al duplicar los impuestos, y teniendo en cuenta que los impuestos sobre el tabaco y la gasolina suponen en promedio el 50% del precio de venta, este se incrementaría en un 50%, disminuyendo la demanda en un 25% y por tanto incrementando la recaudación en un 75%, es decir en unos 12.000 millones.

Como conclusión, los ingresos obtenidos no serían muy abultados para el nivel de déficit actual y unos incrementos razonables, eliminándose una de los incrementos de renta disponible producidos en los últimos meses por la reducción en el precio del petróleo. En la coyuntura actual no creo que sea adecuado aplicar una medida de política fiscal contractiva, de hecho para el escenario de dibujado, supondría una disminución de la renta disponible de unos 12.000 millones el doble que el incremento generado por la devolución de los 400 euros con cargo al IRPF.

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